Varias mujeres con sus hijos en un centro para desplazados en Mogadiscio, la capital de Somalia. REUTERS/Feisal Omar.

En una entrevista al diario El País (9 de mayo de 2005) Jean Ziegler –Relator especial de ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008 y actualmente vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas– afirmaba tajantemente: “Un niño que muere de hambre muere asesinado”.

El pasado 10 de marzo era Stephen O´Brien, coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios, quien –tras visitar Yemen, Somalia y Sudán del Sur– informaba al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, en este momento, 20 millones de personas en cuatro países (Yemen, Sudán del Sur, Somalia y parte de Nigeria) están en riesgo de hambruna e inanición, con lo que nos enfrentamos nada menos que a la mayor crisis humanitaria desde 1945. Fue destacada noticia mediática, pero enseguida dejó de serlo. Otras cosas demandaban la atención, el espectáculo mediático debía continuar.

El drama, no obstante, sigue siendo el mismo. Nada ha cambiado en estos cuatro días. Volvamos, pues, a las declaraciones de O’Brien, quien –tomo estos datos del Centro de Noticias ONU– recordaba que el elemento en común en los países en riesgo de hambruna es que todos viven un conflicto armado, lo que, seguía, “quiere decir que tenemos la posibilidad de prevenir y poner fin a la miseria y el sufrimiento. La ONU y sus socios están listos para ampliar sus operaciones, pero necesitamos acceso y recursos para hacerlo. Todo es prevenible. Es posible evitar estas crisis, para evitar estas hambrunas, para evitar estas catástrofes inminentes”.

¿Cómo? Con la protección adecuada y la ayuda material, es decir, con dinero. O´Brien cifra la cantidad necesaria en 4.400 millones de dólares (poco más de 4.100 millones de euros). ¿Mucho? Una minucia. Solo el “rescate” bancario en España nos ha costado a los españoles 41.786 millones, de momento. En 2008 la mayor aseguradora de Estados Unidos, AIG (American International Group) solicitó, para evitar la quiebra, el rescate. Recibió una inyección de 182.000 millones de dólares de dinero público.

Con ejemplos como estos confeccionaríamos una larga y vergonzosa lista que muestra que la economía global se lucra a base de especular y empobrecer a quienes no forman parte de su elitista y excluyente círculo. El neoliberalismo, con su política económica, ha empobrecido cada vez más los sectores deprimidos y fomentado las desigualdades. Hay hambre porque las relaciones políticas y económicas son injustas y se negocia con los alimentos, porque el comercio internacional se basa en el lucro, la esclavitud y el expolio todo tipo de recursos en beneficio de una minoría de países y élites corruptas. En la actualidad, solo diez multinacionales tienen el oligopolio de los alimentos en el mundo.

El desarrollo tecnológico y científico alcanzado ha creado más riqueza que nunca en toda la historia de la humanidad y la producción de productos alimentarios jamás ha sido tan elevada. Los responsables de esta tragedia, en principio, son obviamente los organismos internacionales, los gobiernos y los partidos políticos parlamentarios. Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en cuyas decisiones los ciudadanos no tienen nada que ver, determinan cuáles son las prioridades económicas y sociales que han de seguir los Gobiernos. Mientras, los partidos políticos, enfrascados en sus cuestiones domésticas y movidos por perpetuarse y alcanzar el poder, se limitan a adecuar sus programas a las directrices marcadas por aquellos, con lo que reducen e hipotecan su margen de maniobra. Unos y otros, lejos de plantear soluciones se convierten, así, en los mayores cómplices de este crimen masivo.

Ahora bien, ¿ellos únicamente? Ni mucho menos. Y no me refiero ahora a que votemos o dejemos de votar determinada opción, o no votemos como señal de rechazo de este sistema, sino a aspectos más cotidianos, aparentemente banales, a nuestros gustos, deseos, aficiones… Estos, a mi juicio, muestran que hemos interiorizado que la desigualdad forma parte de nuestra naturaleza social hasta tal punto que consideramos normales procederes que, también a mi juicio, rayan la obscenidad, o son obscenos de por sí. Vemos en los medios de comunicación, y no solo en los rosa, noticias sobre toda clase de despilfarros y excesos protagonizados por famosos –famosos ricos, claro– de cualquier índole que dilapidan el dinero sin freno y sin pudor. Sin embargo, estas acciones pocas veces se critican, se consideran simples excentricidades. Así las percibimos nosotros también. Se trata de personajes famosos a los que respetamos, copiamos, seguimos o incluso envidiamos. ¿Es que acaso no se trata de su dinero?, ¿no pueden hacer con él lo que quieran?, objetarán también. Pues, mire usted, no. Será todo lo legítimo que quieran, pero ello no excluye que, como decía antes, sean obscenos. Una cosa es la legalidad, otra la ética y la justicia, y una sociedad que ve las cosas de este modo es una sociedad democráticamente deficitaria, carente de valores.

¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Tal vez a causa de nuestra indiferencia, de nuestra impasibilidad ante cualquier cosa que no nos afecta directamente? Ya lo dijo Dickens: “La caridad termina en mi casa, la solidaridad empieza en la puerta siguiente”. ¡Se nos debería caer la cara de vergüenza! “Sin esfuerzos colectivos y coordinados a nivel global, la gente simplemente morirá de hambre. Muchos más sufrirán y morirán por enfermedades», concluía O´Brien. Si sucede, todos seremos culpables. En mayor o menor medida, pero sin excepción.

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“Un niño que muere de hambre muere asesinado”. Son palabras de Jean Ziegler, Relator Especial de ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008 y, actualmente, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Las dijo en una entrevista al diario El País que se publicó el 9 de mayo de 2005.

Han pasado once años y no han perdido vigencia. Todo lo contrario. El periodista y escritor argentino Martín Caparrós, en su libro El hambre (2014), se hace eco de las grandes cifras de esta vergüenza: cada cinco segundos un niño de menos de diez años muere de hambre en un planeta que sin embargo rebosa de riquezas, cada día mueren en el mundo 25.000 personas por causas relacionadas con el hambre, más de 800 millones de personas pasan hambre en el planeta Tierra, un niño de menos de cinco años que no come suficiente habrá perdido su oportunidad para formar las neuronas necesarias y nunca será lo que podría haber sido. El problema del hambre –y la paradoja– “no  no es el desarrollo, sino quién lo controla. Es un problema político”.

En ello incide también Ziegler. El aumento global del precio de los alimentos está llevando –dice– a un “silencioso asesinato en masa” en los países más pobres del mundo. “La monopolización los ricos en la tierra” es responsable directa de las hambrunas que periódicamente se dan en los países pobres. “El hambre no ha sido cosa del destino desde hace mucho tiempo. Más bien hay un asesinato detrás de cada víctima. Es un silencioso asesinato en masa”, afirma Ziegler, quien añade: “Tenemos una multitud de empresarios, especuladores y bandidos financieros que han convertido en salvaje un mundo de desigualdad y horror”.

Así las cosas, el economista, periodista y activista inglés Raj Patel –autor de un espléndido libro titulado Obesos y famélicos. El impacto de la globalización en el sistema alimentario mundial (2008)– escribe: “El sobrepeso es un síntoma y una consecuencia de la manera en que se producen los alimentos. El sistema actual de producción y el consumo alimenticio están sobre la base del capitalismo. Las empresas tienen todos los motivos del mundo para incitarnos a comer más y para ello utilizan nuestras ansias. (…) Nos cuentan que el sobrepeso es una cuestión individual. (…) no es una cuestión individual, sino social. (…) los países pobres no tienen ningún modo de controlar lo que comen (…) Los Gobiernos podrían intentar controlar los precios y aplicar políticas que nos ayuden a comer de un modo más saludable, apoyando la agricultura sostenible, por ejemplo. Pero básicamente hay que romper con los oligopolios”.

El problema no es, pues, la falta de alimentos. Producimos en cantidades suficientes para alimentar a toda la población mundial. El problema es su distribución, como todo en manos de unos pocos.

Es por esta razón que el problema hambre, como decía Martín Caparrós, no es el desarrollo, sino quién controla la distribución de los alimentos. En la actualidad, solo diez multinacionales tienen el oligopolio de los alimentos en el mundo. En consecuencia, el problema afecta también a los países desarrollados. Según un informe de Intermon Oxfam de diciembre de 2015, en España los más castigados por la pobreza y el hambre son los más vulnerables: los niños. Uno de cada cuatro vive en situación de pobreza y el 39% de la población infantil tiene carencias serias en su dieta, sobre todo de carne y pescado por su elevado precio. Casi tres millones de niños viven en riesgo de exclusión social o extrema pobreza, es decir, el 33,8% de la población infantil (en 2008 eran menos de 2 millones).

Triste, muy triste.

Refugiados llegan a la isla de Kos. Fotografía de Daniel Etter © / The New York Times.

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 55/76, decidió que a partir del año 2001 –año en que se cumplía el cincuenta aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951– el 20 de junio fuese declarado Día Mundial de los Refugiados.

 “Cada minuto, ocho personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror y la mayoría tienen que elegir entre algo horrible o algo aún peor”, se argumentaba entonces. Hoy –leo en la edición impresa de El País– una noticia en la que, entre cosas, se dice: “A finales del año pasado, un total de 65,3 millones de personas vivían lejos de sus hogares, de los que escaparon por conflictos; 5,8 millones más que en 2014. Esto se traduce en que el año pasado, 24 personas por minuto cogieron lo necesario para huir de su ciudad hacia un lugar más seguro”. La cifra, pues, se ha multiplicado por tres. Y eso que solo hablamos de los refugiados que han buscado cobijo en Europa.

Algo más de la mitad del total de refugiados provienen de Siria (4,9 millones), Afganistán (2,7 millones) y Somalia (1,1 millones). De ellos, según los datos de ACNUR, el 51% son niños, de los cuales muchos han abandonado solos sus países. La gran mayoría se han registrado en Turquía, que acoge la mayor población de desplazados en el mundo (2,54 millones de personas). Turquía dista mucho de ser el país seguro que la Unión Europea (UE) asegura que es. Claro que no podía calificarlo de otro modo después de firmar  a finales de marzo del año en curso un infame acuerdo con Turquía –contrario a todos los tratados internacionales sobre derechos humanos– mediante el cual subcontrataba con el régimen despótico de Erdogan la crisis de los refugiados por 6.000 millones de euros a cambio de otras concesiones políticas como la exención de visados a los turcos para viajar por la UE y acelerar el proceso de adhesión. Es así que Médicos sin Fronteras ha renunciado a los fondos de la UE en protesta por dicho tratado, que “pone en peligro el mismo concepto de ‘refugiado’ y la protección que este ofrece a las personas en peligro”.

¿Qué pasa con estos refugiados? Nos lo explica Amnistía Internacional en un informe titulado “Ningún refugiado seguro”: “La mayoría de los solicitantes de asilo que se encuentran en Turquía esperan años para que se tramiten sus demandas. Durante este tiempo no reciben ayuda para encontrar cobijo o manutención. Esta situación fuerza a niños de hasta nueve años a trabajar para ayudar a sus familias”. La eurodiputada Marina Albiol declaraba al respecto: “Un millón de niños refugiados en Turquía tienen edad escolar. Sin embargo, solo el 13% puede ir a la escuela”. Además, sigue AI, “tampoco tienen acceso a procedimientos eficientes para determinar su estatus”, “la mayoría de refugiados se ven obligados a buscar refugio sin apoyo del Gobierno” y “solo han facilitado vivienda social a 100 de los 400.000 solicitantes de asilo, por lo que casi tres millones de refugiados tienen que sustentarse por sí mismos”.

Como país receptor, Turquía es seguido por Paquistán (1,6 millones), el Líbano (1,1 millones), Irán (979.400), Etiopía (700.100) y Jordania (664.100). El resto, se supone, deben ser acogidos por los países de UE, pero hasta ahora España únicamente ha materializado el traslado a su territorio de 124 demandantes de asilo –de los que ha acogido 80– procedentes de Grecia e Italia, lo que coloca al país en novena posición entre sus socios comunitarios. Por delante están Reino Unido (1.864), Austria (1.453), Holanda (637, de los que 362 son refugiados y 275 solicitantes de Grecia e Italia), Finlandia (496, de los que 329 son demandantes y 167 son refugiados), Dinamarca (481), Bélgica (327), Italia (277) e Irlanda (273).

Los Veintiocho y los países asociados han recibido a 7.272 refugiados desde Turquía, Líbano y Jordania de las 22.504 personas que ofrecieron acoger. Una cifra mucho que contrasta con la de los han perdido la vida en aguas del Mediterráneo intentando llegar a Europa en los últimos quince meses: 5.400 migrantes y refugiados en 2015 y 3.400 solo en la primera mitad de 2016. Que se sepa.

Ante tal catástrofe, y para protestar contra la política de la UE que ha conducido a esta dramática e inhumana situación, para hoy se han convocado manifestaciones en las principales ciudades españolas. No dudo de que asistirá mucha gente y menos del sentimiento de justicia y solidaridad que les mueve a la protesta. Me preocupan los que no irán, que obviamente –como en todas las manifestaciones– serán muchos más. En El País de hoy también leía otra noticia (“Los austriacos primero”) en el que vicepresidente de Alta Austria declaraba: “Mucha gente trabaja durante años para cobrar una pensión de 1.000 euros y luego llega un refugiado que no ha trabajado nunca y el Estado le da lo mismo. No es justo. Ven nuestras casas y nuestros coches y quieren vivir como nosotros, pero no ven el trabajo que hay detrás”. Y el sábado, sin ir más lejos, en el bar en que suelo desayunar, un trabajador que ganará poco más de mil euros al mes –es vecino mío, por eso lo sé– le decía a otro más o menos lo mismo, solo que este empleaba la palabra “moros”.

Hace poco más de un año publicaba en este blog un artículo titulado El camino hacia la xenofobia en el que –como dice el sociólogo alemán Wilhelm Heitmeyer (International Handbook of Violence Research, 2003)– la hostilidad contra los extranjeros presenta tres fases: 1. La aparición de sentimientos de alejamiento respecto a los otros como un fenómeno social de masas, que habitualmente se expresa en una actitud de distanciamiento que establece escasas diferencias entre tolerancia y menosprecio, lo que se manifiesta a través de estereotipos y prejuicios; 2. El surgimiento de una postura competitiva alimentada por consideraciones económicas y/o culturales al entender quienes la defienden y practican que se ha perdido el equilibrio entre la tolerancia y el desprecio, y 3. El odio a los extranjeros, etapa posterior más avanzada en la que la tolerancia desparece completamente. En su lugar, y construyéndose sobre posiciones distanciadas y competitivas, surge una hostilidad que está destinada a introducir “claridad” haciendo distinciones fundamentales entre amigos, los “nativos”, y “enemigos”, los extranjeros. Esto contribuye a justificar una lucha ofensiva.

Cerca nos hallamos de esta última fase, si no lo estamos ya. El Día Mundial de los Refugiados más bien debería ser en estos momentos el Día de la Vergüenza.