Refugiados caminan sobre el barro en la frontera entre Macedonia y Serbia, ayer. / Milos Bicanski (Getty).

El pasado martes, 26 de enero, el Parlamento danés  aprobó una serie de restrictivas medidas contrarias a los derechos de los refugiados y, por extensión, a los derechos humanos en general. Entre ellas figura que se les requisen los bienes que posean que excedan las 10.000 coronas danesas, es decir, 1.340 euros.

La medida recuerda las confiscaciones a los judíos durante nazismo y se promulgó precisamente veinticuatro horas antes del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto (27 de enero). Bueno, los daneses han sido más generosos que los alemanes en su momento y se permite a los refugiados conservar sus bienes personales de valor sentimental, como puedan ser las alianzas matrimoniales.

Aunque es la más llamativa, no es la única. Entre otras disposiciones –que dificultan hasta casi lo imposible la reagrupación familiar– se acuerda que tendrán que esperar tres años –hasta ahora el plazo era de uno– para solicitar que su familia se reúna con ellos, así como un recorte del 10% del dinero que reciben –actualmente ingresan del Estado entre 37 y 220 euros al mes– dependiendo de si en su centro de asilo pueden comer gratis o no. No es precisamente Dinamarca un país barato: una botella de 1,5 litros de agua cuesta algo más de 1,30 euros, un litro de leche entera entre 72 y 98 céntimos de euro y una docena de huevos entre 2,46 y 2,87 euros (precios en supermercado, datos de 2012).

El proyecto lo propuso el gobierno minoritario del Partido Liberal (centroderecha, 34 de los 179 escaños del Parlamento) y ha sido apoyado por otros grupos de derecha y de la primera fuerza opositora, el Partido Socialdemócrata.

“La agencia de refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, advirtió que las propuestas violan la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre Refugiados de la ONU. ‘La mayoría de los refugiados han perdido todo y aun así esta legislación parece decir que los afortunados que sobrevivieron el viaje a Dinamarca con algunas pocas posesiones no han perdido lo suficiente’, señaló en un comunicado la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE por sus siglas en inglés”, leo en BBC.Mundo.

Y Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, hace esta certera reflexión: “¿De verdad que un país rico como Dinamarca tiene que privar a esta pobre gente de lo poco que les queda para costear los servicios sociales? Si de verdad quisiese que pagasen, les garantizaría oportunidades laborales para que pudiesen cotizar y pagar impuestos. Parece que se trata de un acto de venganza y una señal para que no lleguen más refugiados”.

Así pues, algo está podrido en Dinamarca (“Something is rotten in the state of Denmark”), como –en otro contexto– escribió William Shakespeare en Hamlet. Y lo que está podrido huele mal, y el olor, como es sabido, se propaga, se extiende más allá del punto de donde se origina. De hecho, la confiscación de bienes de refugiados ya se aplica en Suiza y en los estados federados alemanes de Baviera y Baden-Württenberg. Algo, más que algo, está podrido en Europa. Tan podrido que apesta.