Estado, monarquía y república

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[El fin del Estado] es organizar la explotación más vasta del trabajo en provecho del capital que está concentrado en manos de un puñado; así, pues, es el triunfo del reino de la alta finanza, de la bancocracia bajo la protección poderosa del poder fiscal, burocrático y […] es, por consiguiente, especialmente despótico aun enmascarándose bajo el juego parlamentario del del pseudoconstitucionalismo. La producción capitalista contemporánea y las especulaciones de los bancos exigen, para su desenvolvimiento futuro y más completo, una centralización estatista enorme, que sería la única capaz de someter los millones de trabajadores a su explotación. La organización federal de abajo a arriba, de las asociaciones obreras, de grupos, de comunas, de cantones y, en fin, de regiones y pueblos, es la única condición para una libertad verdadera y no ficticia, pero que repugna a su convicción en el mismo grado que toda autonomía económica es incompatible con sus métodos. Al contrario, se entienden a maravilla con la llamada democracia representativa: porque esa nueva forma estatista, basada en la pretendida dominación de una pretendida voluntad del pueblo que se supone expresada por los pretendidos representantes del pueblo en las reuniones supuestamente populares, reúne en sí las dos condiciones principales para su progreso: la centralización estatista y la sumisión real del pueblo soberano a la minoría intelectual que lo gobierna, que pretende representarlo y que infaliblemente le explota. […]

Y lo mismo que la producción capitalista y la especulación de los bancos que, a fin de cuentas, devora esa producción misma deben, por temor a la bancarrota, ampliar sin cesar sus límites en detrimento de las especulaciones y producciones menos grandes, a las que engloban y aspiran a universalizarse, lo mismo el Estado moderno, militar por necesidad, lleva en sí la aspiración inevitable a convertirse en un Estado universal […]

[…] La diferencia esencial entre la monarquía y la república más democrática está en que, en la primera, la clase de burócratas oprime y saquea al pueblo para mayor provecho de los privilegiados y de las clases propietarias, así como de sus propios bolsillos en nombre del soberano, mientras que en la república oprimirá y robará al pueblo del mismo modo en provecho de los mismos bolsillos y de las mismas clases, pero ya en nombre de la voluntad del pueblo. En la república, el llamado pueblo, el pueblo legal, a quien se supone representado por el Estado, sofoca y sofocará siempre al pueblo viviente y real. Pero el pueblo no estará más aligerado si el palo que le pega lleva el nombre de palo del pueblo.

Mijaíl Bakunin: Estatismo y anarquía, 1873. Hay varias ediciones en castellano. La consultada por mí es la publicada por la editorial Orbis, Barcelona, 1984.

La ley

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La igualdad ante la ley es un señuelo, una trampa democrático-burguesa para cazar incautos o lo que es lo mismo, electores, progresistas platónicos, sumisos a la explotación, y, sobre todo, para convertir en cómplices a las mismas víctimas de la iniquidad, que es lo más refinado en el arte del gran timo, del arte de engañar a la multitud.

La ley no es, digan lo que quieran quienes la definen favorablemente por interés, ‘establecimiento hecho por legítima potestad en que se manda o prohíbe alguna cosa’, ni menos ‘regla en la que se pone coto a los efectos del libre albedrío humano, como la define la Academia, y esto por estas tres razones: 1.ª, porque, para legitimar la potestad mandante, la ley necesita de la ley, y de ese modo se enreda en un mismo concepto causa y efecto, juez y parte, sujeto y objeto, es decir, lo absurdo; 2.ª, porque, si el adjetivo legítima aplicado a potestad ha de tomarse en el sentido de arreglado a justicia, según frase académica, es manifiestamente injusto, como queda demostrado por la razón anterior; 3.ª, porque albedrío, entendido como facultad libre del alma, como dicen que es la Academia y aun la Universidad, institución esta última donde el Estado vende ciencia concordada con el dogma […], es una palabra vacía de sentido hoy que sabemos que la voluntad es un producto, no anímico, sino circunstancial, resultado del organismo y del medio, y el alma, por consiguiente, es una invención mística negada por la ciencia concordada con la razón.

La ley no es tampoco la justicia, porque si esta es ‘una virtud que consiste en dar a cada uno lo suyo’, por precepto de esa misma ley en España, en Europa, en el mundo todo, lo mismo en la generación actual que en todas las precedentes a través de un número desconocido de siglos, los esclavos, los siervos, los proletarios, tan hombres, tan iguales en perfecto concepto de derecho como los emperadores, los reyes, los señores, los capitalistas y los propietarios, han sido, son, somos despojados de lo nuestro; de hecho, por la fuerza, luego por la costumbre y después por la vil sumisión; por derecho, por esa misma ley, que vincula, es decir, autoriza, sanciona, consagra y legaliza la usurpación que la parte mínima de la humanidad, la caterva de los privilegiados perpetró siempre […].

Legisladores demócratas cometieron en casi todo el mundo civilizado durante el pasado siglo, la insigne torpeza de subordinar el derecho natural al derecho escrito […].

La igualdad de los ciudadanos ante la ley, es, pues, una engañosa fórmula político-burguesa inventada para dar apariencia aceptable, evolucionista y de posibilidad y oportunidad emancipadora al despojo sistemático a que venimos sometidos los trabajadores; es engañosa por los caracteres esenciales de la ley expuestos ya, y además, porque, lejos de ser una norma general de derecho, no lo es siquiera nacional, y hasta para los individuos establece diferencias, y por esto afirmo que cuando los legisladores, legistas, legalistas o leguleyos hablan de jurisprudencia, y la definen pomposamente diciendo que ‘es la ciencia del derecho’, olvidan que ‘ciencia es lo que sabe por principios ciertos y positivos’. […].

[…] para ser aceptable el engaño político que se cobija bajo el nombre de democracia, y que pase el otro engaño llamado sufragio universal, se sustituyeron las palabras amo y esclavoseñor y siervo, por estas otras más dulces y pasaderas: capitalista y obrero.

[…] el concepto hombre no cabe jamás en la concepción de ningún hombre; lo que hace todo el que quiere juzgar a su semejante es medirle con la medida de sí mismo; es decir, de sus errores, de sus preocupaciones y de sus intereses […].

[…] corporaciones e individuos han hecho condición de vida de su servidumbre al privilegio; y respecto del Congreso, se ha convertido en el monopolio de los políticos de oficio, es decir, de los ambiciosos, de los charlatanes, de los inhábiles para toda otra profesión, y así se da el caso que, como dice Spencer, mientras que para ejercer una profesión cualquiera se necesita cuando menos un aprendizaje y para las de carácter más elevado se exige un título que acredite la capacidad del profesor, para legislar no se necesita más que la sans-façon del candidato y el voto del elector o el pucherazo del cacique […].

[…] la igualdad ante la ley es imposible por ilegal, por punible; la ley es insostenible por anacrónica; la grandeza del hombre no cabe en la pequeñez de la ley, y por añadidura tenemos la incapacidad profesional de los legisladores.

De modo que la igualdad ante la ley es un señuelo, una trampa democrático-burguesa para cazar incautos o lo que es lo mismo, electores, progresistas platónicos, sumisos a la explotación, y, sobre todo, para convertir en cómplices a las mismas víctimas de la iniquidad, que es lo más refinado en el arte del gran timo, del arte de engañar a la multitud.

Anselmo Lorenzo: “La ley”, Criterio libertario (1903). Extracto de la edición de 1978 (Pequeña Biblioteca Calamvs Scriptorivs, Barcelona-Palma de Mallorca).

Los mártires de Chicago y las víctimas de hoy

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“¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad, el bienestar”.

Son palabras que George Engel –un alemán de 50 años, tipógrafo de profesión y anarquista de convicción– pronunció ante el tribunal de la Corte Suprema del Estado de Illinois cuando se le preguntó si tenía algo que decir antes de que se dictara sentencia. El veredicto se hizo público el 14 de septiembre de 1887 y condenó a muerte por ahorcamiento a Engel y a Adolf Fischer (alemán de 30 años, periodista), Albert Parsons (estadounidense de 39 años, periodista), August Vincent Theodore Spies (alemán de 31 años, periodista) y Louis Lingg (alemán de 22 años, carpintero). Los cuatro primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Lingg se suicidó en su celda antes del ahorcamiento. También se condenó a cadena perpetua al pastor metodista y obrero del textil Samuel Fielden (inglés de 39 años) y a Michael Schwab (alemán de 33 años, tipógrafo), y a quince años de trabajos forzados a Oscar Neebe (estadounidense de 36 años, vendedor). Todos ellos estaban acusados de asesinato al ser considerados cabecillas de una conspiración anarquista cuya acción causó la muerte de ocho policías al arrojar una bomba uno de sus miembros el 4 de mayo de 1886 durante una concentración de protesta cerca de Haymarket Square (Chicago). Claro que según fuentes oficiales. La realidad fue otra, como veremos.

En la noche del 4 de mayo de 1886 –hoy, pues, se cumplen 134 años– una concentración de protesta cerca de Haymarket Square en demanda de mejoras laborales y de la jornada de ocho horas acabó con la vida de un elevado número de obreros –además de numerosos heridos– y de ocho policías. El hecho es conocido sobre todo porque dio origen la celebración del Primero de Mayo.

La lucha por la jornada laboral de ocho horas se remonta a los primeros momentos del proceso de industrialización. Ya en 1817 Robert Owen fijó esta en la colonia que había fundado en New Lanark (Escocia). También en Francia, una vez creada la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), la conquista de la jornada laboral de ocho horas cobró fuerza y, al tiempo, fue extendiéndose por los países industrializados de Europa. Emigrantes británicos y centroeuropeos llevaron a Estados Unidos la aspiración a las ocho horas y la experiencia de lucha. La amplitud de la agitación por parte de los trabajadores norteamericanos condujo al Gobierno federal a instituir la misma en 1868. Eso sí, solo para los empleados públicos. Las empresas, sin embargo, podían ampliarla hasta las 18 horas en caso de necesidad (la duración media de la jornada laboral era de entre once y doce horas).

La medida, obviamente, no satisfizo al conjunto de la clase obrera y la reivindicación de que esta se extendiera a todos los oficios se generalizó. En 1885 la Federación de Gremios y Uniones Organizadas de Estados Unidos y Canadá aprobó una resolución en la que decía que “la duración legal de la jornada de trabajo desde el 1º de mayo de 1886 será de ocho horas, y recomendamos a las organizaciones sindicales de este país hacer promulgar leyes conformes a esta resolución, a partir de la fecha convenida”.

Las protestas para reivindicar la jornada laboral de ocho horas se sucedieron en las más importantes ciudades industriales de Estados Unidos y para el 1 de mayo se prepararon manifestaciones en los principales núcleos industriales con esta consigna: “¡A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de ocho horas por día! ¡Ocho horas de trabajo! ¡Ocho horas de reposo! ¡Ocho horas de educación!

El 1 de mayo de 1886, más de 200.000 trabajadores norteamericanos se declararon la huelga. En Chicago –donde las condiciones de vida de los trabajadores eran posiblemente las peores– esta prosiguió los días 2 y 3 de mayo. El 4 más de 20.000 se concentraron pacíficamente en Haymarket Square. La manifestación contaba con el preceptivo permiso del alcalde, pero alguien –nunca se ha sabido quién– lanzó una bomba a la policía cuando intentaba disolver el acto. Mató a un oficial y un agente e hirió a varios más, seis de los cuales fallecerían poco después. La policía abrió fuego sobre la multitud, matando e hiriendo a un gran número de obreros. Según un comunicado de la propia policía de Chicago más de cincuenta “agitadores” resultaron heridos, muchos de ellos mortalmente. Mas, como señala Maurice Dommanget en su clásica obra Historia del Primero de Mayo (1953), “se trata, evidentemente, de una subestimación bien compresible”. El número de víctimas fue mucho mayor: más de doscientos de los concentrados en Haymarket –mujeres y niños incluidos– resultaron heridos o muertos.

Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, y en los días siguientes se detuvo a centenares de obreros. De ellos, finalmente se abrió juicio a 31, cifra que luego se redujo a 8, tres de los cuales fueron condenados a prisión y cinco a morir en la horca. Desde el primer momento fue evidente que el juicio estuvo plagado de irregularidades, nada se pudo demostrar sobre su participación en los hechos. Pero se trataba de un acto de venganza y de dar un escarmiento a los “enemigos de la sociedad”. Los cinco hombres citados al principio fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887.

En 1899 tuvo lugar en París el Congreso Fundacional de la II Internacional, en el que se acordó celebrar el 1 de mayo de 1890 una jornada de lucha a favor de la mejora de las condiciones de trabajo y, en concreto, de la reducción del horario laboral a ocho horas. La elección de la fecha se tomó en recuerdo de los sucesos de Chicago y en concreto en memoria de los que cinco obreros ajusticiados de afiliación anarquista, que desde entonces se conocerían como los “mártires de Chicago”. Y así fue como el Primero de Mayo pasó a ser en el mundo occidental el Día Internacional de los Trabajadores (menos, curiosamente, en Estados Unidos).

Que 134 años después no solo no se haya conseguido reducir la jornada de 8 horas que entonces se demandaba, sino que tener un trabajo estable con un salario más o menos digno con dicho horario sea el sueño de muchos, dice muy poco en favor de la sociedad que hemos creado. ¿Cómo es esa palabra tan explotada en todos los ámbitos?, ¿progreso? ¿Qué progreso? ¿En beneficio de quién y para qué?

En estos tiempos, el trabajo parece que se implora, que gobernantes y políticos mendigan a los inversores unas migajas de su hacienda como buenos mamporreros que son del poder para que sus administrados puedan seguir existiendo –que no viviendo– con trabajos precarios y sueldos de miseria, asumiéndose la marginalidad y la pobreza como algo inherente a cualquier forma de organización social. Las bases sobre las que se sustenta la sociedad actual responden a un modelo que comienza a tambalearse. Ya no es el modelo de sociedad que surgió con la Revolución industrial y la Revolución francesa, el capital industrial pasa a ser un apéndice del financiero, la economía productiva está subordinada a la economía especulativa. Lo que, por otra parte, no es algo que no fuera previsible que ocurriera de este modo. Ya lo decía Bakunin en 1873: el único fin del Estado “es organizar la explotación más vasta del trabajo en provecho del capital que está concentrado en manos de un puñado: así pues, es el triunfo de la alta finanza, de la bancocracia bajo la protección poderosa del poder fiscal, burocrático y policial que se apoya sobre todo en la fuerza militar y es, por consiguiente, esencialmente despótico aún enmascarándose bajo el juego parlamentario del pseudoconstitucionalismo. La producción capitalista contemporánea y las especulaciones de los bancos [conllevan] una centralización estatista enorme […] y la sumisión real del pueblo soberano a la minoría intelectual que lo gobierna, que pretende representarlo y que infaliblemente le explota” (Estatismo y anarquía). Es entonces cuando se habla de orden, pero “lo que hoy se entiende por orden, según los partidarios de lo existente, es la monstruosidad de que hayan de trabajar nueve décimas partes de la humanidad para procurar lujo, felicidades y satisfacción de todas sus pasiones, hasta las más execrables, a un puñado de holgazanes”. Estas palabras las escribió Piotr Kropotkin en 1885 (Palabras de un rebelde). Ese hoy de 1885 es también el hoy de 2020.

¿Qué ha sucedido para que en mundo de continuos avances y cambios tecnológicos que han obligado a reorganizar los tiempos de vida y los ritmos de trabajo ninguno de los cambios que han tenido lugar hayan beneficiado en lo más mínimo a la mayoría de la sociedad, que es la trabajadora? Es más, su situación es cada vez peor. Que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, como dijo Marx, está fuera de duda. Y en toda lucha siempre hay quien gana y quien pierde. Ahora bien, que siempre pierdan los mismos no está nada claro, a menos que admitamos que no se puede luchar con las mismas armas cuando uno no sabe cómo funcionan y el otro las controla a placer. Eso que llaman “luchar desde dentro” es evidente que no ha servido para nada. Para nada sustancial al menos. ¿Por qué seguimos insistiendo en un modelo que se muestra agotado? Cuesta de entender. Me sigo preguntando como La Boétie en 1548 (Discurso de la servidumbre voluntaria): “¿Por qué desgracia o por qué vicio, y vicio desgraciado, vemos a un sinnúmero de hombres, no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados; sin poseer en propiedad ni bienes, ni padres, ni hijos, ni siquiera su propia existencia? […] Que dos, tres o cuatro personas no se defiendan de uno solo, extraña cosa es, mas no imposible porque puede faltarles el valor. Pero que ciento o mil sufran el yugo […] Es el pueblo quien se esclaviza y suicida cuando, pudiendo escoger entre la servidumbre y la libertad, prefiere abandonar los derechos que recibió de la naturaleza para cargar con un yugo que causa su daño y le embrutece […] Hay una sola [cosa] que los hombres, no sé por qué, no tienen ni siquiera fuerza para desearla. Es la libertad”. Somos, por tanto, el problema, y no la solución.