“Cruz de los Caídos” en el cementerio de Muro d’Alcoi en 2017.

Cada vez que voy a mi pueblo, Muro d’Alcoi, al norte de la provincia de Alacant, visito el cementerio. Allí están enterrados mis padres (mi madre desde hace poco más de dos años). Cuando entro, como cuando entra cualquier persona, me encuentro frente a mí –y es necesario pasar junto ella– la cruz que recoge la fotografía que figura bajo estas líneas en la que se lee la inscripción “Caídos por Dios y por España. José Antonio Presente”.

“Cruz de los Caídos” en el cementerio de Muro d’Alcoi en 2017.

Me duele y me ofende que sigamos igual que en 1939, cuando falangistas, requetés, nacionalcatólicos y franquistas en general atiborraron plazas, iglesias y cementerios de monumentos, placas e inscripciones para su mayor gloria mientras se fusilaba o encarcelaba a cualquiera siguiendo la máxima que pronunciara el general golpista Emilio Mola de “eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”.

Y me duele aún más que el gobierno del Ayuntamiento desde 1999 hasta hoy esté en manos de Compromís (Bloc). Desde las elecciones municipales de 2015 en coalición con Esquerra Unida del País Valencià, ostentando la alcaldía esta última fuerza los dos primeros años y Compromís los otros dos. Desde 1999 a 2015 el alcalde ha sido el actual conseller de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Empleo de la Generalitat Valenciana.

A él mismo, y a otros colaboradores cercanos a él, les he comentado cuando nos hemos encontrado que el Ayuntamiento debería tomar alguna medida al respecto (al actual alcalde por correo electrónico). Nadie dice que no, pero nadie ha hecho nada, al menos que yo sepa o se haya hecho público. Ya sé que el cementerio es parroquial y no municipal, y que la Ley de Memoria Histórica en vigor establece que los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” deben ser retirados de los edificios y espacios públicos”. Ahora bien, la medida no será de aplicación cuando “concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley”, extremo que posibilita a la Iglesia seguir manteniéndolos. Pero, aun así, no se justifica la inacción del gobierno municipal.

Me comentan los compañeros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) otros casos similares en los que el ayuntamiento sí ha actuado y se ha topado con la negativa de la Iglesia, presionándola con la retirada de ayudas, exenciones y subvenciones. También en el País Valenciano, como en los municipios de Rafelbunyol o Callosa de Segura, ambos con alcalde del PSPV-PSOE, si bien en el equipo de gobierno del segundo están presentes representantes de EU y Somos Callosa. El primero acordó retirar el panel con la “cruz de los caídos” de la iglesia parroquial. Por cierto, Enric Carbonell, representante de Compromís, recordó que su partido ya solicitó en 1995 la retirada de la cruz alegando que “aunque solo estén los nombres de los vecinos de Rafelbunyol, siempre será un símbolo franquista”. El segundo, retirar la Cruz de los Caídos de la Plaza de España, junto a la Arciprestal de San Martín.

Sobre este último caso leo en el diario Información (14 de diciembre de 2016) lo siguiente: “El dictamen de la administración valenciana llega a través de un acuerdo rubricado por la Comisión técnica de coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en el ámbito de la Comunidad. En él se dice que en caso de que el municipio decida ubicar la Cruz en el camposanto, se deberá retirar una placa metálica (alusiva a la Falange) y que el Consistorio custodie la misma con el objetivo de trasladarla a un museo o un centro de interpretación. También se pide la eliminación de la inscripción que hace referencia a José Antonio Primo de Rivera y al lema ¡Presentes! Se indica igualmente que si la Cruz se lleva a un museo se permite conservar esas inscripciones incluyendo un panel explicativo.”

Y es que el proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana –también me lo comentan los compañeros de la ARMH–, recientemente aprobado por el Consell, va más allá de ley estatal y obliga a los propietarios de edificios de carácter privado “con proyección a un espacio o uso público” a retirar o eliminar los “elementos contrarios a la memoria democrática”. Este el caso de los cementerios parroquiales. También establece que “no se considerará que concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimiento de los elementos de exaltación de la dictadura” en el caso de “placas, escudos, insignias, inscripciones sobre edificios o lugares históricos”, así como “alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores”, ni tampoco las “alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista”. Y añade que “si en el plazo de un año no se han retirado los símbolos, la Generalitat actuará de oficio”.

La cruz de mi pueblo, según lo expuesto, tiene los días contados. Pero, de momento, ahí sigue. Nadie hace nada en un ayuntamiento gobernado por Esquerra Unida y Compromís, iba a decir, por resolver el problema. Pero más bien creo que lo que no quieren es crear un problema que, seguro, como ha ocurrido en Rafelbunyol y Callosa y otros municipios, generará polémica entre la población. “Mejor no meneallo”, como dijo don Quijote a Sancho Panza. Aunque la Generalitat Valenciana inste a retirar símbolos como la inscripción que figura en la cruz –tampoco haría falta hacer mucho más– y el Consell cuente con un conseller de Compromís que ha sido alcalde de Muro desde 1999 a 2015, cuyo partido en breve volverá a ostentar la alcaldía.

La incoherencia es absoluta y muestra la banalidad ideológica con que muchos abordan cuestiones como esta, pues en el fondo consideran que es algo secundario, trivial, insustancial. Mi pesar también es absoluto, como murero que soy –aunque resida en Valencia–, como ciudadano y como persona. En mi pueblo, al parecer, Franco aún no ha muerto.

Varias mujeres con sus hijos en un centro para desplazados en Mogadiscio, la capital de Somalia. REUTERS/Feisal Omar.

En una entrevista al diario El País (9 de mayo de 2005) Jean Ziegler –Relator especial de ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008 y actualmente vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas– afirmaba tajantemente: “Un niño que muere de hambre muere asesinado”.

El pasado 10 de marzo era Stephen O´Brien, coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios, quien –tras visitar Yemen, Somalia y Sudán del Sur– informaba al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, en este momento, 20 millones de personas en cuatro países (Yemen, Sudán del Sur, Somalia y parte de Nigeria) están en riesgo de hambruna e inanición, con lo que nos enfrentamos nada menos que a la mayor crisis humanitaria desde 1945. Fue destacada noticia mediática, pero enseguida dejó de serlo. Otras cosas demandaban la atención, el espectáculo mediático debía continuar.

El drama, no obstante, sigue siendo el mismo. Nada ha cambiado en estos cuatro días. Volvamos, pues, a las declaraciones de O’Brien, quien –tomo estos datos del Centro de Noticias ONU– recordaba que el elemento en común en los países en riesgo de hambruna es que todos viven un conflicto armado, lo que, seguía, “quiere decir que tenemos la posibilidad de prevenir y poner fin a la miseria y el sufrimiento. La ONU y sus socios están listos para ampliar sus operaciones, pero necesitamos acceso y recursos para hacerlo. Todo es prevenible. Es posible evitar estas crisis, para evitar estas hambrunas, para evitar estas catástrofes inminentes”.

¿Cómo? Con la protección adecuada y la ayuda material, es decir, con dinero. O´Brien cifra la cantidad necesaria en 4.400 millones de dólares (poco más de 4.100 millones de euros). ¿Mucho? Una minucia. Solo el “rescate” bancario en España nos ha costado a los españoles 41.786 millones, de momento. En 2008 la mayor aseguradora de Estados Unidos, AIG (American International Group) solicitó, para evitar la quiebra, el rescate. Recibió una inyección de 182.000 millones de dólares de dinero público.

Con ejemplos como estos confeccionaríamos una larga y vergonzosa lista que muestra que la economía global se lucra a base de especular y empobrecer a quienes no forman parte de su elitista y excluyente círculo. El neoliberalismo, con su política económica, ha empobrecido cada vez más los sectores deprimidos y fomentado las desigualdades. Hay hambre porque las relaciones políticas y económicas son injustas y se negocia con los alimentos, porque el comercio internacional se basa en el lucro, la esclavitud y el expolio todo tipo de recursos en beneficio de una minoría de países y élites corruptas. En la actualidad, solo diez multinacionales tienen el oligopolio de los alimentos en el mundo.

El desarrollo tecnológico y científico alcanzado ha creado más riqueza que nunca en toda la historia de la humanidad y la producción de productos alimentarios jamás ha sido tan elevada. Los responsables de esta tragedia, en principio, son obviamente los organismos internacionales, los gobiernos y los partidos políticos parlamentarios. Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en cuyas decisiones los ciudadanos no tienen nada que ver, determinan cuáles son las prioridades económicas y sociales que han de seguir los Gobiernos. Mientras, los partidos políticos, enfrascados en sus cuestiones domésticas y movidos por perpetuarse y alcanzar el poder, se limitan a adecuar sus programas a las directrices marcadas por aquellos, con lo que reducen e hipotecan su margen de maniobra. Unos y otros, lejos de plantear soluciones se convierten, así, en los mayores cómplices de este crimen masivo.

Ahora bien, ¿ellos únicamente? Ni mucho menos. Y no me refiero ahora a que votemos o dejemos de votar determinada opción, o no votemos como señal de rechazo de este sistema, sino a aspectos más cotidianos, aparentemente banales, a nuestros gustos, deseos, aficiones… Estos, a mi juicio, muestran que hemos interiorizado que la desigualdad forma parte de nuestra naturaleza social hasta tal punto que consideramos normales procederes que, también a mi juicio, rayan la obscenidad, o son obscenos de por sí. Vemos en los medios de comunicación, y no solo en los rosa, noticias sobre toda clase de despilfarros y excesos protagonizados por famosos –famosos ricos, claro– de cualquier índole que dilapidan el dinero sin freno y sin pudor. Sin embargo, estas acciones pocas veces se critican, se consideran simples excentricidades. Así las percibimos nosotros también. Se trata de personajes famosos a los que respetamos, copiamos, seguimos o incluso envidiamos. ¿Es que acaso no se trata de su dinero?, ¿no pueden hacer con él lo que quieran?, objetarán también. Pues, mire usted, no. Será todo lo legítimo que quieran, pero ello no excluye que, como decía antes, sean obscenos. Una cosa es la legalidad, otra la ética y la justicia, y una sociedad que ve las cosas de este modo es una sociedad democráticamente deficitaria, carente de valores.

¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Tal vez a causa de nuestra indiferencia, de nuestra impasibilidad ante cualquier cosa que no nos afecta directamente? Ya lo dijo Dickens: “La caridad termina en mi casa, la solidaridad empieza en la puerta siguiente”. ¡Se nos debería caer la cara de vergüenza! “Sin esfuerzos colectivos y coordinados a nivel global, la gente simplemente morirá de hambre. Muchos más sufrirán y morirán por enfermedades», concluía O´Brien. Si sucede, todos seremos culpables. En mayor o menor medida, pero sin excepción.