“Cruz de los Caídos” en el cementerio de Muro d’Alcoi en 2017.

Cada vez que voy a mi pueblo, Muro d’Alcoi, al norte de la provincia de Alacant, visito el cementerio. Allí están enterrados mis padres (mi madre desde hace poco más de dos años). Cuando entro, como cuando entra cualquier persona, me encuentro frente a mí –y es necesario pasar junto ella– la cruz que recoge la fotografía que figura bajo estas líneas en la que se lee la inscripción “Caídos por Dios y por España. José Antonio Presente”.

“Cruz de los Caídos” en el cementerio de Muro d’Alcoi en 2017.

Me duele y me ofende que sigamos igual que en 1939, cuando falangistas, requetés, nacionalcatólicos y franquistas en general atiborraron plazas, iglesias y cementerios de monumentos, placas e inscripciones para su mayor gloria mientras se fusilaba o encarcelaba a cualquiera siguiendo la máxima que pronunciara el general golpista Emilio Mola de “eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”.

Y me duele aún más que el gobierno del Ayuntamiento desde 1999 hasta hoy esté en manos de Compromís (Bloc). Desde las elecciones municipales de 2015 en coalición con Esquerra Unida del País Valencià, ostentando la alcaldía esta última fuerza los dos primeros años y Compromís los otros dos. Desde 1999 a 2015 el alcalde ha sido el actual conseller de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Empleo de la Generalitat Valenciana.

A él mismo, y a otros colaboradores cercanos a él, les he comentado cuando nos hemos encontrado que el Ayuntamiento debería tomar alguna medida al respecto (al actual alcalde por correo electrónico). Nadie dice que no, pero nadie ha hecho nada, al menos que yo sepa o se haya hecho público. Ya sé que el cementerio es parroquial y no municipal, y que la Ley de Memoria Histórica en vigor establece que los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” deben ser retirados de los edificios y espacios públicos”. Ahora bien, la medida no será de aplicación cuando “concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley”, extremo que posibilita a la Iglesia seguir manteniéndolos. Pero, aun así, no se justifica la inacción del gobierno municipal.

Me comentan los compañeros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) otros casos similares en los que el ayuntamiento sí ha actuado y se ha topado con la negativa de la Iglesia, presionándola con la retirada de ayudas, exenciones y subvenciones. También en el País Valenciano, como en los municipios de Rafelbunyol o Callosa de Segura, ambos con alcalde del PSPV-PSOE, si bien en el equipo de gobierno del segundo están presentes representantes de EU y Somos Callosa. El primero acordó retirar el panel con la “cruz de los caídos” de la iglesia parroquial. Por cierto, Enric Carbonell, representante de Compromís, recordó que su partido ya solicitó en 1995 la retirada de la cruz alegando que “aunque solo estén los nombres de los vecinos de Rafelbunyol, siempre será un símbolo franquista”. El segundo, retirar la Cruz de los Caídos de la Plaza de España, junto a la Arciprestal de San Martín.

Sobre este último caso leo en el diario Información (14 de diciembre de 2016) lo siguiente: “El dictamen de la administración valenciana llega a través de un acuerdo rubricado por la Comisión técnica de coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en el ámbito de la Comunidad. En él se dice que en caso de que el municipio decida ubicar la Cruz en el camposanto, se deberá retirar una placa metálica (alusiva a la Falange) y que el Consistorio custodie la misma con el objetivo de trasladarla a un museo o un centro de interpretación. También se pide la eliminación de la inscripción que hace referencia a José Antonio Primo de Rivera y al lema ¡Presentes! Se indica igualmente que si la Cruz se lleva a un museo se permite conservar esas inscripciones incluyendo un panel explicativo.”

Y es que el proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana –también me lo comentan los compañeros de la ARMH–, recientemente aprobado por el Consell, va más allá de ley estatal y obliga a los propietarios de edificios de carácter privado “con proyección a un espacio o uso público” a retirar o eliminar los “elementos contrarios a la memoria democrática”. Este el caso de los cementerios parroquiales. También establece que “no se considerará que concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimiento de los elementos de exaltación de la dictadura” en el caso de “placas, escudos, insignias, inscripciones sobre edificios o lugares históricos”, así como “alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores”, ni tampoco las “alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista”. Y añade que “si en el plazo de un año no se han retirado los símbolos, la Generalitat actuará de oficio”.

La cruz de mi pueblo, según lo expuesto, tiene los días contados. Pero, de momento, ahí sigue. Nadie hace nada en un ayuntamiento gobernado por Esquerra Unida y Compromís, iba a decir, por resolver el problema. Pero más bien creo que lo que no quieren es crear un problema que, seguro, como ha ocurrido en Rafelbunyol y Callosa y otros municipios, generará polémica entre la población. “Mejor no meneallo”, como dijo don Quijote a Sancho Panza. Aunque la Generalitat Valenciana inste a retirar símbolos como la inscripción que figura en la cruz –tampoco haría falta hacer mucho más– y el Consell cuente con un conseller de Compromís que ha sido alcalde de Muro desde 1999 a 2015, cuyo partido en breve volverá a ostentar la alcaldía.

La incoherencia es absoluta y muestra la banalidad ideológica con que muchos abordan cuestiones como esta, pues en el fondo consideran que es algo secundario, trivial, insustancial. Mi pesar también es absoluto, como murero que soy –aunque resida en Valencia–, como ciudadano y como persona. En mi pueblo, al parecer, Franco aún no ha muerto.