Portadas de los diarios “El País”, “ABC” y “La Vanguardia” tras el referéndum que aprobó la Constitución española de 1978. / Zoom.News.

Una constitución es la ley fundamental de un Estado mediante la cual se establecen las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los distintos órganos del mismo y se garantizan las libertades individuales. La instauración de un orden constitucional estable fue la traducción efectiva de la voluntad revolucionaria resultante del movimiento liberal burgués impuesto a los monarcas. El objetivo de las constituciones, pues, fue la organización del Estado de tal manera que pudieran protegerse las libertades burguesas.

A medida que se fue desarrollando el comercio con el surgimiento de las ciudades modernas (a partir del siglo XI) el sistema feudal fue convirtiéndose en una barrera infranqueable que impedía la libre circulación de bienes y mercancías y la acumulación monetaria (necesaria, por otra parte, para incrementar las transacciones comerciales). Para acabar con las trabas del sistema feudal solo había un medio: controlar el poder.

Los avances tecnológicos propiciados por la Revolución industrial no hicieron más que confirmar esta postura. La oposición a un sistema cada día más alejado de las aspiraciones burguesas no era nuevo y tenía dos claros antecedentes: la Revuelta de los Países Bajos en el siglo XVI y la Guerra Civil inglesa en el XVII, pero será a finales del XVIII –con la Guerra de Independencia norteamericana y la Revolución francesa– cuando se inicie un proceso de episodios violentos y de transformaciones políticas –lo que historiográficamente se denominan revoluciones burguesas–, de distinta intensidad y duración según zonas, que culminarán a lo largo del siglo XIX con la instauración del nuevo orden burgués, o lo que es lo mismo: la consolidación de la sociedad industrial-capitalista.

La sociedad surgida de este orden se regirá por otros valores y principios –individualismo, libertad de expresión (dentro de ciertos límites), igualdad de derechos, inviolabilidad de la propiedad privada…– y se desarrollará en el marco de un nuevo sistema económico, el capitalismo –cuyas características esenciales son, a grandes rasgos, la propiedad privada de los medios de producción y el control del mercado laboral, la búsqueda del máximo beneficio en las inversiones y la orientación de las decisiones de carácter económico por el mercado– y político: sistema de partidos y lucha parlamentaria.

Es en este marco que nacieron las constituciones y los partidos políticos. Ambos con un mismo fin: el afianzamiento de la nueva sociedad.

Así las cosas, la Constitución que actualmente regula el Estado español ha cumplido con creces su objetivo: incorporar definitivamente a España al capitalismo global. En su artículo “La lucha de clases: pragmatismo ¿para quién?” –publicado en el libro La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990, Miren Etxezarreta (comp.)–, Raúl García Durán escribe: “Fontela (1982) señala cómo la transición española muestra la realidad como alternativa entre el neocapitalismo y socialismo democrático, pero al mismo tiempo sin diferencias de fondo entre ellos: se trata de un mismo modelo con dos versiones (economía industrial moderna basada en el mercado, intervención estatal) que tienden a fusionarse, en un Estado intervencionista, pero de política económica neoliberal”. Y, ya citando directamente a Fontela, prosigue: “El PSOE se garantiza el poder, pero para ello ha de transformar sus propios planteamientos, olvidar el Estado de bienestar. El socialismo democrático se hace neocapitalista. Justo en estas fechas se está mostrando el fracaso de la política realmente socialdemócrata de Mitterrand, por falta de competitividad internacional. No voy a insistir en el tema (central en todo el libro) de la internacionalización del capital, pero la opción del PSOE en este sentido es clara: nos hemos de subir al tren de los países ricos, aunque sea en el furgón de cola, y ello significa, cueste lo que cueste, Europa, el Mercado Común”.

Esta tarea le correspondió al PSOE porque ganó las elecciones en el momento clave del proceso, pero lo hubiera hecho UCD o cualquier otro partido de resultar ganador.

La Constitución de 1978 –por la que actualmente nos regimos– reconoce una serie de derechos que en la práctica no se cumplen. Veamos unos pocos. El artículo 14 dice que “los españoles son iguales ante la ley”, el 27.1 que “todos tienen el derecho a la educación”, el 35.1 garantiza “el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, el 39.1 afirma que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”, el 39.4 que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, el 43.1 “reconoce el derecho a la protección de la salud”, el 47 dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, el 50 que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”…

¿Alguno de los citados se aplica de verdad, se lleva a efecto? La supuesta igualdad ante la ley viene determinada ante todo por dinero que tenga uno para costearse un buen abogado. El derecho a la educación existe, claro, y además la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, pero ¿las condiciones en que estudia el muchacho de una familia trabajadora –no digo ya en el paro– son las mismas que las de aquel que proviene de una familia acaudalada? Por no hablar de la enseñanza superior, cuyas matriculas son cada vez más elevadas. Decir que se garantiza “el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio” parece una broma de mal gusto. ¿Es necesario recordar las escandalosas cifras de paro, los trabajos en precario mal remunerados, los salarios indignos e insuficientes, la falta de una adecuada cobertura social? Así, decir que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” es una falacia (según el INE, el 21,6% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza y el 16,9% de los hogares tiene ‘mucha dificultad’ para llegar a fin de mes), como también afirmar que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” cuando en España uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza y uno de cada diez es pobre severo. Lo mismo cabe decir del “derecho a la protección de la salud” con hospitales saturados, faltos de medios y recursos, y una medicina en manos privadas que proletariza a los profesionales y sirve a quienes más tienen sin los inconvenientes de la pública. En cuanto al “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” ya no sé qué calificativo emplear, pero aunque el número de desahucios en España ha remitido solo entre enero y marzo de 2015 se produjeron 18.869. Muchos de estos desahuciados han tenido que vivir –malvivir siendo precisos– de la pensión de sus padres cuando estas, ya de por sí, para la mayoría de ellos resultaban como mucho justitas para ir tirando.

Nos hemos centrado solamente en los derechos sociales, pero podríamos seguir con ejemplos sobre los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de huelga, de discriminación por razón de sexo…, cada vez más amenazados.

Y es que, como dijo Charles Maurice de Talleyrand, “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”. Todo viene determinado por el sistema al servicio del que está la Constitución (no solo la española, también la mayoría de las actualmente vigentes en gran parte del mundo). ¿Se puede cambiar esto? La crisis, dicen, está llegando a su fin. Yo más bien diría que el neoliberalismo ha conseguido ya su objetivo. Es posible que aumenten algo las pensiones, los salarios, la calidad sanitaria y de enseñanza…, pero no nos engañemos: en cuanto su coste resulte de nuevo gravoso en exceso para el verdadero poder –el financiero– regresarán las restricciones. Puede, asimismo, que haya nobles intentos de conseguir una sociedad socialmente justa, pero fenecerán en su empeño. ¿Recuerdan lo que le pasó a Tsipras?

Es el sistema lo que hay que transformar primero, sino cualquier cambio será siempre un remedo.

Esta es una captura de pantalla de hace unos días. Corresponde a la entrada que publiqué en mi blog Tras los atentados de París. ¿Y ahora qué?.  En ella, entre otras cosas, escribía: “¿De dónde sacan las armas los terroristas del Estado Islámico? (…) ¿Con qué dinero las consiguen? ¿De dónde sale este? (…) Es más que obvio que hay una financiación encubierta por parte de importantes familias cercanas a los gobiernos de Arabia Saudí, Qatar o Kuwait, que estos hacen la vista la gorda y que no son pocos los gobiernos y empresas occidentales los que realizan negocios con ellos”.

Afortunadamente –para mí, claro–, el blog registra cada vez mayor número de visitas y WordPress –así te lo hace saber cuando se alcanza una cifra significativa (este último mes la media diaria ha sido 647 visitas)– te puede poner publicidad, ya que, argumentan, de algún modo han de compensar que te ofrecen gratuitamente su servicio.

Pues bien, ¿con qué anunció me encontré ese día? Ya ven, con el Qatar Airways. Y me digo a mi mismo: ¡Es el sistema, estúpido!, recordando la socorrida expresión que crearon los directores de la primera campaña de Bill Clinton para aclararle a  George W. Bush por qué,  según las encuestas, iba perdiendo las elecciones de 1992: “It´s the economy, stupid!” (¡Es la economía, estúpido!).

Portada de diversos periódicos españoles el 20 de noviembre de 1975. / EFE

Hay días que uno recuerda siempre, que sabe qué hacía y dónde estaba en el momento de enterarse de una noticia impactante. ¿Recuerdan qué hacían y dónde estaban cuando los atentados de Nueva York, el 11-S? Seguro que sí. A los españoles mayores de cincuenta años, o cincuenta y pocos, la fecha del 20 de noviembre de 1975 es una de esas que se quedan grabadas en la memoria y nunca se borran. Ese día nos enteramos de que había muerto Franco. ¡Por fin!, para muchos, servidor de ustedes incluido.

Tenía yo 21 años y residía en Valencia, donde estudiaba cuarto curso de Filosofía y Letras (sección Historia). Compartía piso con cuatro compañeros más, a los que nos unía la amistad y la militancia antifranquista. Militábamos en organizaciones distintas, lo que daba pie a interminables y apasionadas charlas, acompañadas de cigarrillos y alcohol, baratos ambos, claro. Desde que Franco entró en agonía estábamos continuamente pendientes de la radio (no teníamos televisor, no nos alcanzaba el presupuesto y, además, la televisión nos la traía la pairo).

El 19 –cuando ya eran casi las cinco de la madrugada– decidimos acostarnos. Sobre las nueve, escuchamos el timbre de la puerta, insistentemente. Era un amigo que ya  conocía la noticia. Pocas veces me ha molestado tan poco que me despertaran a las pocas horas de dormirme, pocas veces la resaca despareció de manera tan súbita. ¿Seguro? Seguro, nos decía él, lo han dicho en la radio. Marchamos al campus. Estaba tomado por los grises. Nada nuevo, por otra parte. En los rostros de otros estudiantes que habían hecho lo mismo se notaba complacencia, que todos intentábamos disimular. Por si acaso. El disimulo por la noche despareció nada más cruzamos la puerta de un pub (El Racó, en el barrio del Carmen). El pub estaba cerrado, pero sabíamos cómo llamar para poder acceder al interior. No había música, como era habitual. Tampoco hacía falta. El Racó estaba más animado que nunca. Recuerdo abrazos, brindis, euforia y algún que otro ¡chsss!, no fuera a ser que se escuchara la bulla desde fuera.

¿Y mañana? ¿Qué pasará mañana? Eso en aquellos momentos no importaba. El dictador había muerto. ¡Ya era hora! Pero llegó ese mañana y comenzó la Transición, una transición que al final resultó ser para España la de una sociedad que mantenía aún determinados rasgos de las sociedades preindustriales al capitalismo pleno.

Hoy los jóvenes saben muy poco del franquismo, pues –por un lado– la historia es algo residual en la enseñanza obligatoria y –por otro– esa transición contemplaba, entre otras medidas, una Ley de Amnistía por la que, en 1977, se declaraba exentos de cualquier responsabilidad a quienes hubieran participado en cualquier hecho y/o delito de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976. Ello, evidentemente incluía a los dos bandos.

Ya que las cosas sucedieron así y no de otro modo, y que nada se puede cambiar a estas alturas, lo menos que se puede pedir es que la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre) se cumpla. Murió Franco ese día, pero no el franquismo. Todavía hay calles con nombres franquistas, monumentos a la infamia (el Valle de los Caídos se lleva la palma, aunque no es el único), en las cunetas españolas quedan aún más de 114.000 desaparecidos y, lo más inquietante, un gran sector de población dice eso ya pasó, a qué viene ahora remover el pasado. Mi madre murió a principios de este año y por ello voy más al cementerio de mi pueblo. Me ofende cada vez que entro encontrar frente a mí un monumento funerario con una gran cruz y con leyenda “José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente!”. El cementerio de mi pueblo no es municipal, sino parroquial. Pero alguna cosa tendrá que decir el ayuntamiento. Digo yo. Mas, si como es el caso, desde 1999 han presidido  la corporación municipal, sucesivamente, UPV-BLOC, BLOC, Compromís y EUPV. Es solo un ejemplo, pero creo que bastante revelador de que la historia interesa muy poco y de que eso de la memoria histórica está bien, sí, pero tampoco es tan importante.

No recuerdo que bebí la noche en que festejábamos la muerte del dictador. Algo barato seguro. Nada de champán como leo hoy en El País que consumieron algunos que rememoran sus vivencias de aquel día. Hoy sí podría celebrarlo con champán. Pero visto lo visto, a dónde hemos llegado y en que situación nos encontramos, lo cierto es que se me van las ganas. No era esto, no.