Una constitución es la ley fundamental de un Estado mediante la cual se establecen las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los distintos órganos del mismo y se garantizan las libertades individuales. La instauración de un orden constitucional estable fue la traducción efectiva de la voluntad revolucionaria resultante del movimiento liberal burgués impuesto a los monarcas. El objetivo de las constituciones, pues, fue la organización del Estado de tal manera que pudieran protegerse las libertades burguesas.

A medida que se fue desarrollando el comercio con el surgimiento de las ciudades modernas (a partir del siglo XI) el sistema feudal fue convirtiéndose en una barrera infranqueable que impedía la libre circulación de bienes y mercancías y la acumulación monetaria (necesaria, por otra parte, para incrementar las transacciones comerciales). Para acabar con las trabas del sistema feudal solo había un medio: controlar el poder.

Los avances tecnológicos propiciados por la Revolución industrial no hicieron más que confirmar esta postura. La oposición a un sistema cada día más alejado de las aspiraciones burguesas no era nuevo y tenía dos claros antecedentes: la Revuelta de los Países Bajos en el siglo XVI y la Guerra Civil inglesa en el XVII, pero será a finales del XVIII –con la Guerra de Independencia norteamericana y la Revolución francesa– cuando se inicie un proceso de episodios violentos y de transformaciones políticas –lo que historiográficamente se denominan revoluciones burguesas–, de distinta intensidad y duración según zonas, que culminarán a lo largo del siglo XIX con la instauración del nuevo orden burgués, o lo que es lo mismo: la consolidación de la sociedad industrial-capitalista.

La sociedad surgida de este orden se regirá por otros valores y principios –individualismo, libertad de expresión (dentro de ciertos límites), igualdad de derechos, inviolabilidad de la propiedad privada…– y se desarrollará en el marco de un nuevo sistema económico, el capitalismo –cuyas características esenciales son, a grandes rasgos, la propiedad privada de los medios de producción y el control del mercado laboral, la búsqueda del máximo beneficio en las inversiones y la orientación de las decisiones de carácter económico por el mercado– y político: sistema de partidos y lucha parlamentaria.

Es en este marco que nacieron las constituciones y los partidos políticos. Ambos con un mismo fin: el afianzamiento de la nueva sociedad.

Así las cosas, la Constitución que actualmente regula el Estado español ha cumplido con creces su objetivo: incorporar definitivamente a España al capitalismo global. En su artículo “La lucha de clases: pragmatismo ¿para quién?” –publicado en el libro La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990, Miren Etxezarreta (comp.)–, Raúl García Durán escribe: “Fontela (1982) señala cómo la transición española muestra la realidad como alternativa entre el neocapitalismo y socialismo democrático, pero al mismo tiempo sin diferencias de fondo entre ellos: se trata de un mismo modelo con dos versiones (economía industrial moderna basada en el mercado, intervención estatal) que tienden a fusionarse, en un Estado intervencionista, pero de política económica neoliberal”. Y, ya citando directamente a Fontela, prosigue: “El PSOE se garantiza el poder, pero para ello ha de transformar sus propios planteamientos, olvidar el Estado de bienestar. El socialismo democrático se hace neocapitalista. Justo en estas fechas se está mostrando el fracaso de la política realmente socialdemócrata de Mitterrand, por falta de competitividad internacional. No voy a insistir en el tema (central en todo el libro) de la internacionalización del capital, pero la opción del PSOE en este sentido es clara: nos hemos de subir al tren de los países ricos, aunque sea en el furgón de cola, y ello significa, cueste lo que cueste, Europa, el Mercado Común”.

Esta tarea le correspondió al PSOE porque ganó las elecciones en el momento clave del proceso, pero lo hubiera hecho UCD o cualquier otro partido de resultar ganador.

La Constitución de 1978 –por la que actualmente nos regimos– reconoce una serie de derechos que en la práctica no se cumplen. Veamos unos pocos. El artículo 14 dice que “los españoles son iguales ante la ley”, el 27.1 que “todos tienen el derecho a la educación”, el 35.1 garantiza “el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, el 39.1 afirma que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”, el 39.4 que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, el 43.1 “reconoce el derecho a la protección de la salud”, el 47 dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, el 50 que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”…

¿Alguno de los citados se aplica de verdad, se lleva a efecto? La supuesta igualdad ante la ley viene determinada ante todo por dinero que tenga uno para costearse un buen abogado. El derecho a la educación existe, claro, y además la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, pero ¿las condiciones en que estudia el muchacho de una familia trabajadora –no digo ya en el paro– son las mismas que las de aquel que proviene de una familia acaudalada? Por no hablar de la enseñanza superior, cuyas matriculas son cada vez más elevadas. Decir que se garantiza “el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio” parece una broma de mal gusto. ¿Es necesario recordar las escandalosas cifras de paro, los trabajos en precario mal remunerados, los salarios indignos e insuficientes, la falta de una adecuada cobertura social? Así, decir que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” es una falacia (según el INE, el 21,6% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza y el 16,9% de los hogares tiene ‘mucha dificultad’ para llegar a fin de mes), como también afirmar que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” cuando en España uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza y uno de cada diez es pobre severo. Lo mismo cabe decir del “derecho a la protección de la salud” con hospitales saturados, faltos de medios y recursos, y una medicina en manos privadas que proletariza a los profesionales y sirve a quienes más tienen sin los inconvenientes de la pública. En cuanto al “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” ya no sé qué calificativo emplear. Aunque el número de desahucios en España ha remitido durante el primer trimestre de 2023, alcanzó la cifra de 6.579. Muchos de estos desahuciados han tenido que vivir –malvivir siendo precisos– de la pensión de sus padres cuando estas, ya de por sí, para la mayoría de ellos resultaban como mucho justitas para ir tirando.

Nos hemos centrado solamente en los derechos sociales, pero podríamos seguir con ejemplos sobre los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de huelga, de discriminación por razón de sexo…, cada vez más amenazados.

Y es que, como dijo Charles Maurice de Talleyrand, “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”. Todo viene determinado por el modelo de organización social en que se enmarca la Constitución (no solo la española, también la mayoría de las actualmente vigentes en gran parte del mundo). ¿Se puede cambiar esto?

Es el modelo de organización social lo que hay que transformar primero, sino cualquier cambio será siempre un remedo.