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Entraba en casa y me encuentro a un vecino en el portal. Cuánto tiempo, cómo va y otras frases similares y habituales dan paso a un comentario suyo sobre los migrantes bastante desafortunado. Viene a decir que estos no son náufragos y que en realidad van a buscarlos. Lo ha ‘visto’ en la tele, aclara cuando le pregunto algo así como ¿qué cojones dices? Llega el ascensor y me subo. Eso sí, con un poco más de mala leche. Me acuerdo entonces que un día me dijo que en las elecciones de 2015 –en las últimas ni lo sé ni me importa– había votado a Podemos para las Cortes valencianas y a Compromís para el Ayuntamiento de Valencia. Eso me dijo. Si no fue verdad, tanto me da que me da lo mismo.

¿Y al capullo este que mosca le ha picado ahora?, pienso. Ya en casa busco en internet noticias sobre el Open Arms. Tecleo en Google ‘Open’ y como sugerencias de resultados de búsqueda aparecen en segundo lugar, tras ‘Open Arms’, ‘Open Arms mafia’. Acabáramos. No refugiados, ni humanidad, ni tragedia, no. Mafia. Acojonante.

Luego hago clic en ‘Última hora’ y me encuentro unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que acaban de rematarme. Esto ya no me resulta acojonante, me deja acojonado, que no es lo mismo. Dice la vicepresidenta en una entrevista a la cadena SER que el Open Arms “tiene licencia para ayuda humanitaria, para transporte de víveres”, “Esa es la licencia que tiene desde el punto de vista de la concesión administrativa y la legalidad española, y ese es su cometido”. Y remata: “Las instituciones, los poderes y los ciudadanos, todos estamos sometidos a las leyes, y todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no y nadie está a salvo de esto, incluido un barco como este”. [Sonido de fanfarria]

A ver si me aclaro, señora. ¿De verdad se cree lo que está diciendo? Parece ser que así es, que siquiera es consciente del cinismo y la hipocresía que hay tras sus palabras. Tal es la prepotencia con la que, como política curtida, está acostumbrada a actuar que se lo cree y todo. Miedo me da.

Verá, señora Calvo, la Constitución de 1978 –por la que actualmente nos regimos– reconoce una serie de derechos que en la práctica no se cumplen y estoy seguro que usted lo reconocerá. Vamos con unos pocos. El artículo 14 dice que “los españoles son iguales ante la ley”, el 27.1 que “todos tienen el derecho a la educación”, el 35.1 garantiza “el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, el 39.1 afirma que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”, el 39.4 que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, el 43.1 “reconoce el derecho a la protección de la salud”, el 47 dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, el 50 que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, y podríamos seguir.

Dice usted también en la mencionada entrevista que “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”. Pues este es su caso. El suyo, el del Gobierno, el de su partido, el de sus militantes… Ninguno de los artículos citados esa ‘ley de leyes’ que es la Constitución los cumplen. Ni uno. La supuesta igualdad ante la ley viene determinada ante todo por el dinero que tenga uno para costearse un buen abogado. El derecho a la educación existe, claro, y además la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, pero ¿las condiciones en que estudia el hijo de una familia trabajadora –no digo ya en paro– son las mismas que las de aquel que proviene de una familia acaudalada? Por no hablar de la enseñanza superior, cuyas matriculas son cada vez más elevadas. Decir que se garantiza “el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio” parece una broma de mal gusto. ¿Es necesario recordar las escandalosas cifras de paro, los trabajos en precario mal remunerados, los salarios indignos e insuficientes, la falta de una adecuada cobertura social? Así, decir que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” es una falacia (según el INE, el 21,6% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza y el 16,9% de los hogares tiene ‘mucha dificultad’ para llegar a fin de mes), como también afirmar que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” cuando en España uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza y uno de cada diez es pobre severo. Lo mismo cabe decir del “derecho a la protección de la salud” con hospitales saturados, faltos de medios y recursos, y una medicina en manos privadas que proletariza a los profesionales y sirve a quienes más tienen sin los inconvenientes de la pública. En cuanto al “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” ya no sé qué calificativo emplear, pero el año pasado hubo casi 60.000 desahucios. Muchos de estos desahuciados han tenido que vivir –malvivir siendo precisos– de la pensión de sus padres cuando estas, ya de por sí, para la mayoría de ellos resultaban, como mucho, justitas para ir tirando.

Nada de esto cumplen. Le recuerdo sus palabras: “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”. Pues háganlo. ¡Ah!, claro, es que no pueden. La ley… La ley siempre favorece a los poderosos, incluida su Constitución. La justicia, no obstante, es algo muy distinto. A la pregunta que lanzaba Kropotkin en Palabras de un rebelde (París 1885) a los jóvenes que se iniciaban en la vida pública –‘¿Qué partido tomaréis: el de la ley contra justicia o el de la justicia contra la ley?’– ustedes no tienen duda alguna: el de la ley contra la justicia. No le quepa duda. Va, a ver si ahora el Open Arms regresa a España y pueden multarlo con 901.000 euros por incumplir la prohibición de Fomento de “realizar operaciones de búsqueda y salvamento”.

Le recuerdo que en el Mediterráneo está también el Ocean Viking, fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée, con 356 migrantes a bordo. Igual le pueden poner otra multa.