No hay manera de pasar un día tranquilo, un día que no recibas alguna llamada telefónica comercial o cualquier otra notificación burocrática vía correo ordinario o electrónico. No hay día que no surja algún engorro que otro.

Es lógico que así sea. Vivimos en una sociedad en la que “la opresión va de la regulación del individuo y de sus comportamientos a los medios y a la difusión extrema de un sistema de producción y de consumo forzado y presente en todas partes. Esta opresión, para persuadir y coaccionar, se sirve de la burocracia y de sus impedimentos, de los formularios, de los impresos, de modos de hacer y de los plazos de pago, un continuo sistema de distracción del individuo. El hombre … tiene una ocupación que despilfarra un montón de tiempo y que constituye además una opresión mental” (Enrico Baj: ¿Qué es la ‘patafísica?, ed. 2007, p. 65).

Así que aquí estoy, una vez más, como tantos otros, despilfarrando tiempo, un montón de tiempo. Y es que no hay manera.

Les explico. Esta mañana abro el correo electrónico y me encuentro con uno de Uber que dice: “Hola, Víctor Manuel: Haz clic en el siguiente enlace para confirmar tu dirección de correo electrónico”. Ni me llamo Víctor Manuel ni he solicitado jamás sus servicios, siquiera he contactado con ellos una sola vez. Más abajo figura la opción “Eliminar suscripción”. Clico en ella e inmediatamente entra otro correo suyo: “¡Bienvenido a Uber! Ya eres parte de la comunidad Uber. Para solicitar un viaje, sólo debes seleccionar tu destino y el tipo de servicio que deseas”.

Obviamente, me mosqueo e intento averiguar de qué va esto. Busco en internet y nada, no hay forma de contactar telefónicamente con Uber. Los correos, por otra parte, no admiten respuesta. Llamo al Servicio Territorial de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana por si pueden informarme qué hacer. Me atiende una mujer que no sabe qué es eso de Uber y me pide que se lo deletree. Empezamos bien. Al final, tras esperar un rato a que realice unas consultas, me dice que llame a la Agencia Estatal de Protección de Datos y me facilita dos teléfonos: 901 100 099 y 912 663 517. Bien. Vamos a allá. “Si desea (…) marque (…)”. Lo de siempre. Marco la opción que creo corresponde a lo que deseo comunicar. Me atiende otra mujer. Otra espera, también debe realizar unas consultas. Pasado un tiempo, resulta que he de marcar la opción 4 y no la 2, que es la que yo creía. ¿Me puede pasar con alguien, pues? Me responde que están todos ocupados, que llame pasados cinco o diez minutos. Marco de nuevo a los cinco, a los diez, a los once, a los doce… Todavía podría estar llamando. La respuesta siempre la misma: no me pueden atender en ese momento, he de intentarlo de nuevo.

Una hora larga ha trascurrido ya y no he conseguido nada. Solamente una crispación tan innecesaria como no deseada. Busco más información en internet al tiempo que sigo marcando, ya de forma compulsiva, los números antes citados. Nada. Al final, llamo al Servicio de colaboración ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, donde me informan que debo presentar denuncia ante un juzgado y me aconsejan que inmediatamente llame al banco por si tratan de cobrarme algún recibo.

Afortunadamente, el director de la sucursal bancaria donde tengo mi cuenta es amigo mío (por eso la tengo ahí). Me dice que no es tan fácil impedir el posible fraude por la manera en que este tipo de mafias opera, pero que no me preocupe porque va a dar instrucciones de que ningún recibo a mi nombre se pague sin autorizarlo él expresamente. Menos mal.

Ya casi son las tres de la tarde cuando me dispongo a redactar esta entrada. El primer correo lo abrí pasadas las 11:30.

Y fin del primer capítulo. Mañana al juzgado con la captura de pantalla de los putos correos, mañana a seguir despilfarrando tiempo y a incrementar la sensación de impotencia y de opresión mental. ¡Puta mierda!

Antidisturbios rompen el cristal de la puerta del portal donde vivía una de las familias desalojadas. Fernando Sánchez/Eldiario.es

Ayer, como sabrán, se produjo en Madrid una violación en forma de desahucio. Violación, en derecho, es el delito cometido contra la libertad sexual de una persona, pero violar significa también infringir una ley, un precepto o una persona. Y ayer se violó a más de una persona al privarles de algo tan básico como es un techo bajo el que alojarse, ayer se violó uno de los derechos humanos fundamentales.

No voy a repetir aquí la triste historia de Pepi, Rosi, Juani y Mayra, que ayer fueron obligadas por la fuerza a abandonar sus viviendas situadas en el número 11 de la calle Argumosa de Madrid. Ya deben conocerla. Son otras las consideraciones que quiero hacer, como hablar de la respuesta de la gente, para empezar. Claro que hubo activistas y vecinos que se opusieron, a muchos de los cuales los policías tuvieron que sacar a rastras y se produjeron al menos seis detenciones. Pero no se concentró en el lugar tanta gente como probablemente hubiera sucedido si la policía hubiese acudido a detener a un violador, ni tampoco se llevaron a cabo acciones de protesta en otras ciudades. No quisiera que nadie malinterpretase estas palabras. De ningún modo cuestiono el delito de agresión sexual, ni trato de equipararlo con nada. Todo violador es un hijo de la grandísima puta. Lo que cuestiono es la enorme sensibilidad que mostramos ante unos hechos y la falta de la misma con que contemplamos otros.

Un desahucio no es como un rayo que cae del cielo. Para que se ejecute un desahucio, y el consiguiente lanzamiento, son necesarios una serie de trámites en los que intervienen muchas personas, que, como todas, tienen su nombre y sus apellidos.

En primer lugar, el dueño o arrendador –sea persona física o jurídica– ha de solicitar ante un juzgado la ‘demanda de desahucio’. ¿Quién es esa persona? ¿Un particular, una empresa inmobiliaria, un banco? ¿Quién? Tendrán todos ellos nombre y apellidos. ¿Quién firma la solicitud? Sea una empresa inmobiliaria o un banco, no aparecerá en el lugar de la firma como ‘Inmobiliaria X’ o ‘Banco X’. Firmará una o varias personas. Es obligatorio que la demanda de juicio de desahucio, tanto sea por falta de pago de la renta como por terminación del contrato, vaya firmada por un abogado y un procurador. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿A quién representan?

Hecho esto, el secretario judicial (letrado de la Administración de Justicia) decide su admisión o inadmisión (esto último, altamente improbable). ¿Quién es el secretario judicial que pone en marcha el trámite? ¿Cómo se llama?

Si el inquilino no se opone, todo arreglado. A la calle y ya está. Si no acepta el requerimiento –lógicamente, lo más habitual–   se iniciará el juicio de desahucio y el juez pronunciará sentencia, casi siempre favorable al arrendatario o dueño. ¿Cómo se llama este juez?

Finalmente, se señalará una fecha para el lanzamiento y se ejecutará este. Para ello tendrá que acudir la comisión judicial –¿quiénes la componen?, ¿cómo se llaman?– acompañada del demandante o su procurador, que también tienen nombre y apellidos. Además, es necesario que acuda un cerrajero para que pueda abrir la puerta, es decir, otra persona más que tiene su propia identidad. ¿Cuál es esta?

Para evitar problemas se solicita también que acuda la policía. Irán los antidisturbios. Más personas con sus correspondientes nombres y apellidos.

Así pues, muchos son los que intervienen para que un desahucio pueda llevarse a cabo. ¿El banco, la inmobiliaria, el juzgado…? No, tras los organismos, entidades, instituciones, tras el ‘cuerpo policial’, hay personas. Y digo yo que todos ellos tendrán su domicilio, sus vecinos, irán a comprar a determinadas tiendas…, harán su vida. Pues bien, el día que a todos ellos los vecinos, los tenderos, los miren mal, como a los violadores, que hagan por lo menos como muchos franceses con los boches (los soldados alemanes), que se tapaban la nariz y giraban la cara al cruzarse con alguno de ellos, el día que sientan el rechazo social por sus acciones, empezaré a creer que el género humano tiene aún algún futuro.

Y el día que los políticos, aquellos políticos que se dicen representantes del pueblo, o de la ciudadanía, sean los últimos a quienes los antidisturbios se lleven a rastras –ayer deberían haber estado allí todos los de Madrid que se proclaman de izquierdas–, ese día igual empiezo a creer que tienen razón y no son solamente –como hasta ahora– una pieza más del actual orden social, una pieza, por otra parte, muy necesaria para que este se perpetúe con sus medidas asistenciales. No quiero caridad, quiero solidaridad. Mientras, seguiré absteniéndome en cuantas elecciones se convoquen y, en la medida de mis posibilidades, haré campaña activa a favor de la abstención.